Por Rosana Guerra. Publicado en Diario Comercio y Justicia, 20/12/21

El proyecto propone incorporar la responsabilidad social extendida del productor, fortaleciendo el trabajo de los recuperadores urbanos y el consumo consciente

El debate sobre las implicancias de la ley de envases, que propone una gestión integral y el reciclaje inclusivo, plantea posiciones enfrentadas entre los distintos actores involucrados en el proceso de producción y reciclado de los mismos. Sin embargo, la necesidad de implementar políticas públicas para mitigar la contaminación generada por los envases en desuso –que terminan en su mayor parte en los vertederos sanitarios o basurales a cielo abierto- en Argentina, supone incorporar conceptos como la responsabilidad extendida de los productores y plantear el cambio cultural necesario y el compromiso ético individual para resolver el problema mundial de la basura.  

La Ley de Envases impulsada por el Poder Ejecutivo fue elaborada en conjunto con los recuperadores urbanos de los grandes centros urbanos y consensuada con las principales empresas del sector y la industria petroquímica. 

El asunto ingresó al parlamento el 28 de octubre pasado, en plena campaña. Entonces el ministro de ambiente de la Nación, Juan Cabandié, Máximo Kirchner y la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores presentaron el proyecto de “Ley de envases con inclusión social”.

La normativa apunta a lograr una gestión ambientalmente sostenible, en todas las etapas de su proceso de producción, desde la generación hasta su disposición final. De lo que se trata es de introducir el concepto de responsabilidad del productor y del consumidor, es decir, que cuando se fabrica un producto se contemple qué sucederá luego con el envase que lo contiene. Esto implica que cuando se introduce un envase al sistema productivo, el que lo hace tiene que hacerse cargo del destino de aquél. La responsabilidad pasa por tener un depósito para que los ciudadanos puedan devolverlos y así se puedan volver a reutilizar. O también que sean producidos con materiales que permitan el reciclado, porque no todos los envases son reciclados. Si el productor no dispone de un depósito para recibirlos, entonces deberá pagar una tasa ambiental que será destinada al sostenimiento de la actividad de los recuperadores urbanos.

La comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados de la Nación ya había emitido a mediados de noviembre un dictamen de mayoría que respalda un proyecto de ley. Se trata de la iniciativa de Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión Integral de Envases y Reciclado Inclusivo, que fue sancionada por el Senado. Sin embargo, se aguarda que se profundice el tratamiento de ese dictamen y que se trate en la Cámara de Diputados de la Nación antes de que finalice el período ordinario de sesiones de este año. Según los analistas y fuentes allegadas al proyecto, su tratamiento seguramente pasaría para el año que viene.

Los recuperadores urbanos se reunieron en Córdoba hace unas semanas, trabajando para mejorar la propuesta del instrumento normativo y expresaron estar abiertos a mejorar la iniciativa que marca un antes y un después en el tratamiento de este tipo de residuos sólidos urbanos en nuestro país. “Es una ley que tenemos que seguir incentivando”, dice Andrés Nápoli, presidente de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

Rellenos colapsados

En nuestro país el tema de la basura es una gran deuda pendiente sobre todo en las grandes ciudades en donde los rellenos sanitarios se encuentran colapsados y con deficientes condiciones de mantenimiento. Esta ley que promueve la inclusión social y la reutilización de los envases también impactaría en la disminución de las importaciones, es decir, que ayudaría a generar más divisas para el país. Hoy las empresas importan algunos productos que se podrían reemplazar por envases reutilizables, y esta estrategia de economía circular también tendría su impacto en la balanza comercial.

En Argentina diariamente se producen unas 50.000 toneladas de residuos y los municipios invierten entre 10% y 40% de sus presupuestos para gestionarlos. Al menos 20% de los residuos son desechos sólidos urbanos generados por el consumo de envases y sólo nueve por ciento termina en circuitos de reciclaje. 

En el dictamen aprobado se considera envase a todo producto fabricado con materiales de cualquier naturaleza que se utilice para contener, proteger, manipular, distribuir, transportar y presentar mercaderías, desde materias primas hasta productos terminados, en cualquier fase de la cadena de fabricación, distribución y consumo. “Se consideran también envases, todos los artículos desechables utilizados con estos mismos fines, incluyendo los embalajes secundarios y terciarios y que son empleados para facilitar el transporte, la manipulación, la distribución, presentación y provisión de los productos envasados, así como también todos los artículos desechables utilizados con el mismo fin”, detalla el documento. 

Inclusión social y responsabilidad social

La ley de envases tiene como principales objetivos la de aumentar la cantidad y variedad de materiales recuperados de los productos, la de minimizar el impacto ambiental de los residuos y su impacto sobre el ambiente y las personas; alentando a los productores a asumir las responsabilidades extendidas de la recolección, el reciclaje y el diseño de productos que pueden ser reciclados, mediante diferentes incentivos.

Entre los principales puntos que aborda esta iniciativa se mencionan la responsabilidad extendida del productor, es decir que la responsabilidad del fabricante sobre el producto se extiende a la etapa posterior a su consumo. De lo que se trata es de promover y tomar responsabilidad objetiva por la gestión ambiental de los envases introducidos en el mercado.

La propuesta aborda el tema de la producción sostenible, incentivando al sector productivo a diseñar y fabricar productos amigables con el ambiente.

Además, se promueve el consumo sostenible, es decir, el que alienta el consumo de envases reciclables por parte de los ciudadanos generando conciencia y prácticas colectivas responsables, éticas y sostenibles. Se intenta fortalecer los sistemas locales de residuos, promoviendo la inclusión social de los recuperadores urbanos creando nuevos puestos de trabajo calificados para la gestión integral de los envases.

Empoderar a los actores

Cada eslabón de la cadena circular tiene un rol preponderantemente en el tema del tratamiento de los residuos sólidos urbanos y una de las cuestiones que plantean los especialistas es repensarla desde la industria hacia afuera. “Esta ley apunta específicamente a las cooperativas de recicladores y recuperadores urbanos, pero para reactivar las cooperativas, primero hay que reactivar a la industria”, reflexiona Carolina Ulla, directora en la licenciatura en Ambiente y Energías Renovables y Gestión Ambiental de la Universidad Siglo 21, en el marco de la Diplomatura en Economía Circular organizada por la Municipalidad de Córdoba y la Universidad Nacional de Córdoba.

Desde su perspectiva, para generar trabajo genuino y decente, primero hay que apoyar a la industria. “Hay que empoderarla a través del proceso de transformación porque así le va a comprar al primer eslabón de la cadena y le va a pagar mejor ese material”, añade Ulla. Su análisis apunta a poner el foco en la primera parte del eslabón de la economía circular. “Porque sino habrá muchos recuperadores urbanos juntando residuos pero si no disponen de una máquina que transforme esos desechos, no se llegará a crear una economía circular. Ellen McArthur apunta a trabajar desde el Estado, desde la industria hacia afuera para la generación del empleo”, grafica la especialista.

Leyes similares de envases se aplican ahora mucho más allá de la Unión Europea, por ejemplo, en Macedonia y Bielorrusia, así como en Israel, Brasil y países asiáticos como China y Japón.  En Chile, por ejemplo, se le concedió un año de tiempo a las empresas para ajustarse a la ley en donde les propusieron traer su innovación y el Estado les financia su transformación hacia la economía circular. El objetivo de las normativas mencionadas coinciden en reducir el impacto negativo de los residuos de envases en el ambiente y aumentar significativamente las tasas de reciclado como política de Estado.

El mejor residuo es el que no se genera

Actualmente el tema de la gestión y destino final de los residuos sólidos urbanos (RSU) es uno de los problemas ambientales más graves de Córdoba y de Argentina.

En Argentina, entre 20 y 30% de los residuos sólidos urbanos son envases y esos terminan en los rellenos sanitarios. “Lo que hay que hacer es tratar de que existan menos cantidad de envases y aquellos que se producen lo hagan de manera tal que se puedan volver a insertar en las cadenas productivas”, propone Nápoli.

En tanto, 72% de las localidades de la provincia y del país dispone sus residuos en basurales a cielo abierto. Sólo las ciudades más grandes como Córdoba y Río Cuarto disponen sus residuos en rellenos sanitarios.

Otro dato relevante es que más de 40% de la población dispone sus residuos en basurales a cielo abierto, principalmente en municipios pequeños por los altos costos de los rellenos sanitarios”, expone Eugenio Pettigiani, especialista en residuos sólidos urbanos, del Departamento de Química Analítica y Residuos Sólidos del INTI en un evento sobre reciclado en Córdoba, organizado por la Red Ciudadana Córdoba.

Un Estadio Kempes 

Considerando los residuos del Gran Córdoba en 2018, se generaron unas 717.000 toneladas, lo que equivale al Estadio Mario Kempes. En el relleno sanitario de Piedras Blancas inaugurado hace once años, a mayo de 2019 se tiraron más de 2.000 toneladas por día de basura, es decir que los residuos ingresados a abril de este año ascienden a un promedio de 2.182 toneladas de basura por día.

En la ciudad de Córdoba existen más de 140 basurales a cielo abierto. Un dato importante es que si se considera la tasa de generación, es decir la cantidad de residuos que se generan por habitantes por día es de 1, 5 kilogramo.

Si se consideran los residuos domiciliarios de la ciudad de Córdoba, se generan 1.030 toneladas por día. “De este tipo de residuos más de 50% son residuos orgánicos o de jardinería que podrían ser compostados o gasificados”, señala Pettigiani.

En el caso de los plásticos, celulósicos y vidrios que pueden ser reciclados, 30 a 40% son potencialmente reciclables y comercializables en la ciudad de Córdoba.

Asimismo y en relación a la composición media de residuos en Argentina, según un informe del Ministerio de Ambiente de la Nación 50% es orgánico; 40%, reciclable y el 10% restante son llamados materiales de rechazo, que no pueden ser ni compostados, ni reciclados. “Es decir que Argentina recicla menos del 10% de lo se genera, cuando se podría estar reciclando el 90% por ciento”, advierte el especialista en residuos sólidos urbanos.

Reciclaje inclusivo 

El calentamiento global, la deforestación y la contaminación por residuos, particularmente por plásticos en desuso han producido un colapso ambiental de envergadura. En varios países desarrollados están implementando proyectos de economía circular para evitar su descarte, extender su vida útil y mitigar la contaminación en el suelo, agua y tierra.  En esta línea, el proyecto de ley que establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de envases y el reciclado inclusivo propone incorporar una tasa ambiental.

La ley de envases hace foco en establecer una tasa de hasta tres por ciento según el envase que va a ser recaudada por AFIP. Ese porcentaje se reducirá de acuerdo a las medidas que tomen las empresas en materia de sustentabilidad. Lo recaudado irá a un Fondo Fiduciario para la gestión de Envases manejado por el Ministerio de Ambiente, y se transferirá a los municipios, en la medida que cuenten con un plan de abordaje de reciclado de residuos poniendo énfasis  al financiamiento de emprendimientos sociales.

Paradójicamente, el proyecto no fue refrendado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, como corresponde según el artículo 100 de la Constitución nacional, sino solamente por Matías Kulfas (Desarrollo Productivo) y Juan Cabandié (Ambiente) Lo novedoso de su contenido es la creación de un nuevo impuesto denominado tasa ambiental de responsabilidad extendida del productor. Este tributo que, de sancionarse la ley, deberán pagar los productores y que “no excederá” tres por ciento del precio mayorista del producto envasado, podría implicar una recaudación de 300.000 millones de pesos por año, como si el IVA hubiese sido incrementado a 24%. 

A diferencia de otros países que también utilizan los impuestos como forma de desincentivar el uso de envases, en Argentina la recaudación no iría a rentas generales, sino a un fondo fiduciario. El llamado Fondo Nacional para la Gestión de Envases y Reciclado Inclusivo, que se lleva 85% de la recaudación, tendría la forma jurídica de fideicomiso.

Algunas empresas y organizaciones empresariales se oponen al destino de los fondos para la inclusión social porque temen que se financie con discrecionalidad este fondo y que vaya a ser manejado en su mayoría por el sector público. 

Un tema a considerar también es el rol de las empresas multinacionales que comercializan diferentes productos envasados que por el momento han trasladado la responsabilidad del fin de uso del envase a los consumidores y estos al municipio pagándoles una tasa de limpieza. Existen compañías que no han sacado ningún sistema de recupero de envases de forma voluntaria aunque declaran que sus matrices lo toman como política sin una coherencia por falta de un marco normativo en Argentina. 

Los defensores del proyecto de ley de envases señalan que los impuestos verdes se utilizan en todo el mundo para paliar los efectos negativos que genera la producción en el precio que pagan los consumidores. Pero en esos países los impuestos no se perciben por fuera de la recaudación ordinaria y que su gasto no es discrecional, y este es uno de los riesgos del manejo de fondos.

Una treintena de entidades rurales y agroindustriales se pronunciaron públicamente en un comunicado difundido a los medios a comienzos de diciembre donde rechazan de plano la tasa de tres por ciento. Consideran que el proyecto de ley, de la forma en la que está planteado y abordado,  afectará negativamente la incipiente recuperación del sector productivo, luego de la extensa cuarentena de nuestro país.

“Rechazamos absolutamente el pago de la exorbitante e infundada tasa del 3%, que sería aplicable a los productos envasados”, expresaron en el comunicado, los representantes del sector agropecuario e industrial, algunos de la provincia de Córdoba, como la Bolsa de Cereales de Córdoba, la Bolsa de Comercio de Córdoba, la Cámara de Comercio de Córdoba, entre otras.

Otro de los puntos álgidos es profundizar acerca de qué sistemas de reciclaje se utilizará ya que la norma como está prevé que se trabaje con las cooperativas de recuperadores urbanos.  “La industria no quiere esta imposición debido a su cultura de eficiencia y poco timing con las comunidades vulnerables y sus sistemas informales de funcionamiento. Por eso han pedido modificaciones al respecto de los sistemas de reciclaje solicitando que tiendan a ser mixtos”, analiza Velázquez.

Un punto importante en las distintas posiciones respecto a esta normativa es que existen  diferencias de cómo quieren que se gestionen los envases. “Las empresas multinacionales no tienen experiencia en países desarrollados de trabajar con cooperativas de recuperadores urbanos porque en los países desarrollados no existe esta realidad. Entonces las pone en un lugar de incomodidad”, añade la especialista de la Fundación para el Desarrollo Sostenible.

Por otro lado, los recuperadores urbanos que hoy buscan material a la intemperie muchas veces no tienen la capacidad técnica para gestionar una empresa cumpliendo con las normativas vigentes y se crean solo para recibir subsidios.

Recolección y reciclaje, un servicio público

En nuestro país existe una red nacional de 150.000 recuperadores urbanos que se dedican a la recolección y reciclaje de los materiales. Un gran porcentaje de estos trabajadores realizan su actividad en condiciones precarias e insalubres.

Una investigación sobre el territorio de la cooperativa de recicladores, de residuos sólidos urbanos, un aporte de la geografía a la plataforma elaborado por Aldana Ugolini Arce y Lucía Zavalla del Departamento de Geografía, de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, señala que existen numerosos beneficios del trabajo de las cooperativas de recicladores como la contribución a la salud pública y al sistema de saneamiento, ser una fuente de empleos e ingresos, ser una fuente de suministro de materiales reciclados y su contribución a la sostenibilidad del ambiente.

Solo en la ciudad de Córdoba, las investigadoras encontraron ocho cooperativas independientes como La Victoria, Los Cuadraditos, Los Carreros, Recicord, Luna Nueva, Héroes de Malvinas, Cartoneros y Recicladores Podemos, y ReciclarCoop en vías de ser mapeada. Además relevaron cooperativas que dependen de los centros verdes Milagros para los Niños, Badén, Rivera del Suquía, Solidar Limitada, Nuestro Futuro y 26 de Abril.

Las cooperativas se han formado como actores claves en el circuito del reciclaje que lleva adelante la inserción en el mercado de materiales reciclables tras su clasificación, a través de modalidades autogestivas de organización laboral

“Los actores constituyen el primer eslabón de una cadena productiva que permite (re) incorporar al sistema económico los materiales desechados por los ciudadanos para convertirlos nuevamente en materias primas, aspecto fundamental de la economía circular”, describe Aldana Ugolini Arce.

Las investigadoras resaltan la importancia de reconocer el trabajo fundamental que tienen los recicladores, a la hora de promover el aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos.

“Sosteniendo la importancia de su trabajo para el cuidado de la ciudad, del ambiente, la reinserción de los materiales reciclables en el mercado y la disminución del volumen de basura que se deposita tanto en el basural como en micro-basurales”, considera Lucía Zavalla.

“Para mejorar el trabajo de cooperativas de recuperadores urbanos lo más destacable es el trabajo que vienen haciendo en la operativa de recuperar los materiales reciclables de manera manual reduciendo lo que se suponía iba ir al vertedero y derivarlos a la industria a través de acopiadores por no llegar a los volúmenes adecuados para la industria y no tener espalda financiera para acopiar”, analiza Velázquez.

“Los cartoneros sabemos luchar, nunca nada fue fácil para nosotros”, dice Natalia Zaracho, la primera recuperadora urbana que ocupa una banca desde el 10 de diciembre. Cada cartonero recicla unos 100 kilos de material por día, evita que esos residuos vayan a los basurales o al entierro. Trabajamos en las peores condiciones laborales y esta ley va a mejorar mucho ésto. Queremos dignidad para los nuestros y un ambiente sano”, sostiene. 

Para el sector de empresas sociales es fundamental trabajar fuertemente en mejorar sus sistemas de gestión administrativa- financiera  mediante el fortalecimiento de sus capacidades internas, así como también cumplir con las cargas tributarias. “Si no, no se va a salir de un sistema de subsidios y empezar a trabajar con la industria de reciclaje directamente”, advierte.

Por el otro lado, está la sociedad que es poco consciente que con su elección de compra respalda una sociedad del despilfarro de recursos. “Creemos que tenemos poco poder, pero es así, ya que son los consumidores lo que con su compra eligen o no un producto sustentable y sus valores”, concluye la presidente de la fundación.

Diego Villarreal Rivarola, del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), expresó que están trabajando en proyectos de incubación de cooperativas de reciclado, para dotar de instrumentos del contexto de cada cooperativa. “Incubamos tres tipos de cooperativas, las que trabajan en plantas con los municipios, procesan, seleccionan y agregan valor en algunos casos”, enumeró. También hay otras que lo hacen por fuera de plantas municipales, es decir son plantas autónomas de selección y reproceso vinculadas con la logística de retiro de grandes generadores y de generadores domiciliarios. Y la tercera, son las cooperativas que trabajan con cartoneras de a pie que llevan al depósito los materiales y hacen la recolección de grandes generadores, comercios y algunos domiciliarios. Además están las que trabajan en los basurales a cielo abierto que viven en las inmediaciones, es decir que lo habitan en términos productivos y en términos reales. 

La economía circular como política de Estado

El proyecto de ley de envases aún no se trata en la Cámara de Diputados de la Nación, pero desde la Municipalidad de Córdoba, se sigue trabajando en el tema de reciclaje inclusivo por parte de las cooperativas y también de las organizaciones como Obras y Servicios (COyS). Victoria Flores, presidente del CoyS, señaló que están comprometidos con el paradigma de la economía circular, que busca modificar la forma en que producimos y consumimos. En este organismo se promueve el trabajo con Ecoaliados como Centros Verdes, Centros de Transferencia y Ecopuntos. Los centros verdes son espacios destinados a la selección y acopio de material seco. Los materiales que reciben son bolsas de plástico, papel, cartón, botella plástica, aluminio, tela, envases brick y vidrio.

“Mientras que en 2019 se recuperaron 707 toneladas de materiales recuperados que monetizados ascienden a 4  millones de pesos en 2020 se recuperaron 873 toneladas lo que equivale a 7, 8 millones de pesos, y en 2021 se recuperaron 1.100 toneladas, es decir 21 millones de pesos”, informó Flores. 

En el Centro Verde Sur se recuperaron 386 toneladas. Mientras que en el Centro Verde Sur se recuperaron 513 toneladas de residuos secos. También existe el Centro Verde Ecofem, que combina un enfoque de género más la acción de los Ecoaliados.

Respecto a los ecopuntos, éstos son dispositivos receptores de material seco que se encuentran dispuestos en diferentes puntos de la ciudad de Córdoba, cercanos a los vecinos. Ya se inauguraron más de 20 ecopuntos. Además existen los centros de transferencia de residuos, que son espacios de acopio y recepción de grandes volúmenes de residuos como neumáticos, residuos de aparatos eléctricos, restos de poda, escombros, voluminosos y chatarra. Solo en tres meses de funcionamiento se recuperaron 2.300 toneladas. CoyS estableció alianzas con el Estado y empresas como Blangino, BBC, Coca Cola, Geocycle, Reciclando SA, IRCA, Ondulé, Ecolif, Marchiarola y Ecovalor.